Desde que el terrorismo de Estado, bajo la dictadura, debilitara como nunca la legitimidad de la institucionalidad pública en el país, no se registraba tanto deterioro de la autoridad y el prestigio de ellas, como la que se produce ahora por los escándalos, bochornos e ineptitudes que llevan a que brote la sospecha y desconfianza ciudadana.

Es el caso del Sename, que estremece al país la violencia ejercida desde el Estado contra la infancia que debía proteger.

En otro ámbito, los negocios turbios en diferentes municipios, en que se desvían recursos para el gasto en los más vulnerables hacia viajes o fiestas  en forma indebida, y luego a los hechos por financiamiento irregular de la política se vienen a sumar el “milicogate” y ahora el “pacogate”. En otras palabras, una constante en que pareciera que los servidores públicos han contraído una epidemia de metidas de pata, desaciertos, confusiones y negociados.

La paradoja no tiene parangón, se vive un ataque insólito del Estado contra el Estado. Una especie de autodestrucción que lleva a que las instituciones públicas se vuelquen contra sí mismas, sin pausa, provocando y ganándose la distancia y la desafección de la gente a la que deben servir.

Posiblemente, los actores de estas tan diversas situaciones, que tienen como punto común el abandono del sentido mismo del servicio público, en sus opiniones personales le den una fuerte relevancia a su propia tarea y a la responsabilidad del Estado con la sociedad, pero luego se disocian de ese rol para afectar muy gravemente el fundamento mismo de la función pública.

El resultado es que el Estado no cumple su tarea de protección social y la apatía, la desafección y el descrédito empiezan a validar las conductas más aberrantes, incluidas las de violencia brutal en las acciones delincuenciales, como se ve patentemente en los salvajes actos contra la gente para ejecutar asaltos, homicidios y otras formas extremas de comportamiento social.

El Estado democrático está ante un reto de trascendencia mayor. Los servidores públicos deben cumplir acuciosa y limpiamente su labor institucional, entre otros factores, el trato que debe mejorar cualitativamente, ya que en muchas reparticiones no se da el respeto mínimo a las personas que acuden pidiendo algún tipo de ayuda o incluso de información básica sobre sus derechos ciudadanos.

Además, se requiere mano firme de los Tribunales, sin abusar de nadie ni dañando a inocentes, pero se observa un criterio permisivo en tantas decisiones judiciales; por eso, ha sido importante – aunque así debe ser siempre – la actitud resuelta que ha tenido el General Director de Carabineros, en el “pacogate”.

El Estado es el que garantiza la base institucional de una comunidad para vivir en paz.

No hay que confundirse, hay que restablecer una ética democrática y republicana para que el país pueda confiar, tener seguridad  y prosperar.

El Estado no se puede destruir a sí mismo. Hay que impedirlo.