Este lunes 3 de abril, se hizo público el anuncio presidencial relativo al avance hacia la aprobación de una nueva Constitución, que nacida en democracia, venga a resolver el impasse de legitimidad que permanece en la actual Carta Fundamental, la que fuera impuesta en un proceso bajo control dictatorial, en Septiembre de 1980.

La propuesta que el gobierno envía al trámite legislativo, que se inicia en la Cámara de Diputados, es incorporar un nuevo artículo -el número 130- al capítulo XV del texto constitucional, este agregado permitiría al Congreso Nacional la formación de una Convención Constitucional, con la atribución de elaborar una nueva Constitución, cuyo proyecto debiese ser sometido a Plebiscito.

Esta vía institucional tiene dos condiciones que son decisivas, su aprobación por ambas Cámaras, de diputados y senadores, con un quórum de 2/3 tercios de sus integrantes, así como, la discusión y puesta en marcha de una Ley Orgánica Constitucional, en la que estén establecidos los contenidos esenciales que la hacen posible, como su composición, normas de elección y funcionamiento, plazos y las materias propias de una misión fundamental para el país.

No se ve fácil el camino, aunque la vía institucional, democrática y participativa que inspira la propuesta presidencial, es la que viabiliza avanzar efectivamente hacia la meta de alcanzar una nueva Constitución para Chile.

Por sí misma esta iniciativa no va a remover el inmovilismo constitucional que ha mantenido por décadas la derecha chilena. En esta materia se ha confirmado, una y otra vez, que el legado de Pinochet es muy fuerte. De hecho, el candidato presidencial de la derecha se apresuró a calificarla de “la nada misma”, reflotando la vieja acusación de que quieren “desmantelar” la institucionalidad.

Sin embargo, permite reabrir el debate e instalar en la Agenda una propuesta realista, por cuanto la redacción de esa nueva Constitución necesita de amplios acuerdos para ser aprobada. La idea presidencial convoca a la formación de una mayoría nacional para concretarla.

La derecha no puede alegar que se le excluye o que se está usando la retroexcavadora. En este caso, su negativa revive esa vieja obsecuencia hacia el autoritarismo pinochetista, el que no se puede ser calificado más que como una sujeción trasnochada o un agradecimiento impropio al dictador por los innumerables favores que recibieron bajo la dictadura, de modo especial, el ultra mercadismo que guió su política económica.

Esa deuda que aún pagan al dictador es muy nociva para Chile. El espeso inmovilismo de la derecha en materia constitucional, ha ido haciendo surgir un airado radicalismo en sectores juveniles que luego va volcándose a una mirada refundacional, desde la que se propicia desconocer cualquier avance y pensar en partir de cero, como la única solución a todos los males que tiene el país.

La convención constitucional repone una discusión necesaria, que debiese abarcar los más amplios sectores del país y predisponer al acuerdo más que al desacuerdo, de modo de encontrar definitivamente el camino para avanzar hacia una nueva Constitución en Chile, nacida en democracia.